La falta de pago de la renta puede comportar la resolución del contrato.

A partir del primer mes que no se pague la renta.

Si no quiere renovar el contrato, lo tiene que notificar al inquilino al menos con 30 días de antelación a la fecha de vencimiento. De no hacerlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más.

Aun así, en los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019 el plazo con el cual se tiene que avisar que no se desea renovar el contrato será de cuatro meses para el arrendador y de dos meses para el inquilino.

Acabado el plazo del contrato y, en su caso, el de sus prórrogas es aconsejable la firma de un nuevo contrato.

Es aconsejable formalizar un anexo.

En los contratos de vivienda es de 1 mensualidad y en los de uso distinto a la vivienda es de 2 mensualidades. Aparte de la fianza obligatoria en metálico, las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía adicional.

Aun así, en los contratos de viviendas firmadas a partir del 6 de marzo de 2019, las garantías adicionales no podrán exceder de dos mensualidades de la renta. Por lo tanto, el periodo máximo de garantía en su totalidad no podrá exceder de tres meses: un mes de fianza en metálico, más dos meses de garantía adicional.

2 meses desde la fecha de la firma del contrato.

Las fianzas se gestionan por el Institut Català del Sòl y su importe se destina a la construcción pública de viviendas y a actuaciones directas en núcleos antiguos o sujetas a procesos de renovación urbana.

Es aconsejable firmar un documento de entrega de claves y resolución de contrato.

Los contratos firmados a partir del 1 de enero de 1995 y hasta la ley 4/2013 del 7 de junio de 2013, tienen una duración mínima de cinco años.

A partir de la ley 4/2013, del 7 de junio de 2013, y hasta la emisión del primer decreto ley de modificación de la LAU (que entró en vigor el 19 de Diciembre de 2018), los contratos tienen una duración de tres años.

A partir de la vigencia del mencionado decreto ley 21/2018, es decir, desde el 19 de diciembre del 2018 hasta el momento que el Congreso de los Diputados no lo convalidó –y, por lo tanto, quedó anulado-, el 22 de enero de 2019, los contratos vuelven a tener una duración mínima de cinco años (o siete años si el arrendador es persona jurídica).

A partir de la no convalidación de este último decreto ley y hasta la publicación del nuevo decreto ley 7/2019, correspondiendo al día 6 de marzo de 2019, los contratos firmados dentro de este periodo se los es aplicable la duración mínima de tres años.

Aquellos contratos que se ha formalizado a partir del 6 de Marzo de 2019 vuelven a ser de cinco años, excepto en caso de que el arrendador sea persona jurídica que será de siete años.

En estos casos no procederá la prórroga obligatoria, si bien se tienen que cumplir dos requisitos:

1. Que haya transcurrido un año del contrato.
2. El propietario tiene que comunicar al inquilino, con un mínimo de 2 meses de antelación, que necesita la vivienda para él o por sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en caso de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Además, en los contratos formalizados a partir del 6 de marzo de 2019, se tiene que cumplir un tercer requisito: se tendrá que hacer constar la previsión de la necesidad mediante una cláusula incorporada en el contrato.

No. Los contratos de local de negocio tienen la duración que libremente pacten las partes.

Los arrendamientos de temporada quedan especialmente considerados por la Ley de Arrendamientos Urbanos como contrato de uso distinto al de vivienda.

El pago de la renta puede ser el que pacten las partes. Salvo pacto en contrario será mensual.

Los datos del propietario y del inquilino, la dirección de piso o local alquilado, el importe de la renta y otros conceptos que se cobren al arrendatario. En el caso de alquiler de local de negocio tienen que constar los importes correspondientes al IVA y a la retención de IRPF.

La renta se podrá revisar anualmente si se ha pactado en el contrato. Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad precedente.